La degradación a chatarra del crédito del gobierno de PR: El lobo finalmente llegó



(Nota: Escrito realizado originalmente en febrero de 2014 y publicado en la sección de "Notes" en mi página de facebook https://www.facebook.com/notes/10160334533408712/)


En la tarde del martes 4 de febrero, día que podría denominarse en la historia de PR como el "martes negro", pasó lo que desde hace casi 10 años habíamos estado siendo amenazados, una de las casas acreditadoras de Bonos, "Standard and Poors", degradó el crédito del gobierno de PR a la categoría de "Inversión Especulativa", mejor conocida en el argot financiero como "Categoría de Bonos Chatarra" (del inglés "Sunk Bonds"). En días posteriores a este evento no tardaron en unirse a la comparsa de la degradación, las otras dos casas acreditadoras "Moodys" y "Fitch Ratings". De esta manera, las tres casas acreditadoras, de forma unánime, declararon que la deuda actual del gobierno de PR emitida en títulos de bonos, la cual asciende a unos 70 mil millones de dólares, es una de alto riesgo de impago, y que cualquier nueva emisión de bonos provenientes del gobierno de PR debe ser considerada como una inversión de alto riesgo. Las consecuencias inmediatas de tal acción son:

  1. la anticipación del pago del principal de algunos bonos que todavía les faltaba vencimiento,

  2. el difícil acceso del gobierno de PR al mercado de capital para buscar financiamiento para obra pública y liquidez del gobierno,

  3. que en caso de que se superase el punto #2, y hubiese posibilidad de emisión de nueva deuda, está sería a intereses onerosos del sobre el 10, 12 o 15%. 


Para el que no entienda esto de la dinámica de la emisión de bonos, de la deuda pública, de las casas acreditadoras, de la degradación a chatarra, etc., vamos a tratar por medio de este escrito explicar algunas cosas en "arroz y habichuelas". Y aunque el ciudadano de “a pie” piense que todo lo que está pasando referente a este tema (que quizás entienda "ni papa") no tiene nada que ver con él; le tengo malas noticias, si tiene que ver con él, conmigo y con todos nosotros, y mucho. El que crea que hasta ahora habíamos visto lo peor, le digo con pesar, que la crisis vivida desde el 2006 para acá simplemente fue la antesala; ahora es que viene de verdad lo fuerte. Llegó el momento de todos ajustarnos el cinturón. Aquel lobo que se amenazaba con que venía, y no venía, ahora si llegó. Es triste decirlo, nadie en su sano juicio puede estar contento ni disfrutar lo que está pasando. Y esto no es una cuestión que afecte a partidos rojos o azules, ni una cuestión que solo afecte a unos grupos particulares de la sociedad. Aquí, repito, nos afectamos todos.


Haciendo un poco de historia

El génesis de todo este asunto comienza con el modelo económico de PR adoptado a partir de la constitución del ELA en 1952. El modelo económico de PR en esa época descansó en la ley de incentivos industriales de 1948 (fecha en la que también comienza la "Operación Manos a la Obra" de la administración del Gobernador Luis Muñoz Marín), y la aprobación de la Sección 931 del código de rentas internas federal de los EU. La estrategia económica trazada por los administradores públicos de la época se predicó en la "industrialización por invitación" lo que convirtió a PR en un paraíso fiscal de inversiones manufactureras extranjeras. Aunque la idea era atraer inversionistas de todas partes del mundo, la mayoría provino de los EU. Este arreglo económico-jurídico que propiciaron tanto la ley local de incentivos industriales, como la Sección 931 del código federal de EU, rápidamente se convirtieron en un atractivo de las empresas manufactureras de EU en esa época principalmente por las siguientes razones:

  1. Mano de obra barata: mano de obra a la cual se le pagaba 3 o 4 veces menos de lo que se le pagaba a un obrero que hacia el mismo trabajo en EU.

  2. Exención contributiva sobre los ingresos generados, tanto a nivel de PR como del gobierno federal: Estas empresas estaban exentas de pagar contribuciones al erario local por un lado, a pesar de las ganancias obtenidas en nuestra economía, y por el otro también gozaban de exención contributiva federal.

  3. El gobierno local garantizaría, a su costo, desarrollar toda la infraestructura económica necesaria para que estas industrias pudiesen operar bajo condiciones mínimas aceptables: Entiéndase, que el gobierno se encargaría de construir carreteras, puentes, tendido eléctrico, sistema de acueductos y alcantarillados, puertos marítimos, sistema de telecomunicaciones, edificios industriales y comerciales, entre otros, subvencionado con sus propios recursos gubernamentales.


Si analizamos el párrafo anterior, y haciendo una retrospectiva de la historia, vemos como este modelo económico representó un mal negocio para el pueblo puertorriqueño. Primero, porque el erario público dejaba  de ingresar importante suma de dinero en contribuciones sobre los ingresos y ganancias de estas empresas. Segundo, porque, encima de ello, también tuvo que correr con la cuenta de construir toda la infraestructura. Tercero, las condiciones laborales eran discriminatorias con el obrero puertorriqueño, el cual no recibía igual paga por igual trabajo comparado a sus homólogos en los estados. La matemática es simple. Si como gobierno no estoy ingresando al fisco lo que corresponde por un lado (me estoy quedando corto en los recaudos), y por el otro tengo que sacar de mis recursos limitados para correr con toda la infraestructura de un país, esos recursos tienen que venir de algún lado. Y ese lado es precisamente el tomar prestado mediante emisiones de bonos. ¡Touché! Ya a principios de la década de los años 60's el gobierno de PR tenía una deuda pública de $556 millones (equivalente a 2 mil millones de dólares de hoy), lo que representó un 33.2% del PNB. Por otro lado, el aspecto de las condiciones laborales discriminatorias contra PR, paradójicamente, contribuyeron a perpetuar la desigualdad de la riqueza en la sociedad puertorriqueña.


Hablando de bonos, casas acreditadoras y deuda publica

Tradicionalmente los gobiernos suelen emitir deuda pública mediante el mecanismo de emisión de bonos. Ese dinero permite al gobierno allegar dinero nuevo y tener liquidez para sus operaciones. En principio el uso eficiente de dicho dinero debe ser principalmente en inversión de obra pública y parte para otros tipos de servicios públicos. Pero, como explicaremos más adelante, uno de los problemas que aceleraron drásticamente el tope de la deuda pública fue la práctica de las emisiones de bono para cubrir déficits presupuestarios. Un bono es una obligación financiera de un emisor que promete pagar una suma específica de dinero en un futuro específico a quién paga por ese bono. Cuando el gobierno necesita dinero, se reúne su equipo económico y elaboran una propuesta de emisión de bonos que se conoce como "prospectus". Luego van al mercado de valores para ver que inversionistas se interesan en comprar sus bonos. Las corporaciones públicas también tienen facultad de hacer emisiones de bonos.

En términos simples, en una emisión de bonos x, el emisor  solicita una cantidad de dinero a cambio de un documento o pagaré que establece las condiciones de ese bono para el que lo adquiere. La información básica que debe contener un bono es: Nombre del Emisor, Tasa de interés, Fecha de vencimiento del bono, Valor nominal, y la clasificación según las casas acreditadoras mencionadas antes: Moodys, S & P y Fitch. La posesión de un bono, significa dinero al portador. Según sea el arreglo, por lo general el portador del bono va recibiendo primero los intereses, y en la fecha de vencimiento del bono recibe el principal de lo que pagó por dicho bono. Los compradores de este tipo bonos de gobierno pueden ser desde personas individuales, que como parte de sus finanzas personales deciden invertir parte de su patrimonio en este tipo de vehículo de inversión, hasta diferentes fondos de inversión de pequeña, mediana o grande escala. Muchos de ellos fondos en los que están invertidos: fondos de retiro, fondos de la banca, fondos para hipotecas, fondos comerciales,  fondos gubernamentales, etc.

Es importante explicar lo concerniente a la calificación crediticia de los bonos. Las agencias acreditadoras como “Moodys”, “Fitch” y “S&P” lo que hacen es diagnosticar la salud financiera de la entidad que emite los bonos, en este caso del gobierno, y utilizan un sistema  de clasificación para reflejar la probabilidad o riesgo de que un bono no sea pagado. Las dos categorías principales de clasificación son: “bonos de grado de inversión” y “bonos especulativos”.  Los bonos de grado de inversión son los de más alta calificación crediticia. Por ejemplo: un bono calificado como AAA por parte de S&P, significa que es un bono de riesgo casi nulo. Por otro lado, los bonos de grado de inversión especulativos son bonos calificados de alta probabilidad de impago. En ese sentido un bono con la calificación de Caa1 por parte de Moodys, significa que han caído en el primer escalafón de inversión especulativa o “bonos chatarra”.  La diferencia básica entre un bono clasificado como de grado de inversión v.s. uno especulativo es, que el primero es de menor riesgo y se comercializa a un interés más bajo, digamos 3, 5, hasta 6%, mientras que el segundo se tiene que ofrecer a intereses más altos sobre el 10%, por ser de alto riesgo de impago.

Por muchos años el gobierno de PR tuvo a su haber este mecanismo de allegar financiamiento mediante la emisión de bonos para sus operaciones, pero al pasar las décadas el tope de esa deuda comenzó a subir a una velocidad mayor que la de la actividad económica. Y he aquí el problema de fondo con el asunto del nivel al que ha llegado dicha deuda pública. Las estadísticas de la relación entre la deuda pública y el Producto Nacional Bruto (PNB) (principal medida de la productividad y actividad económica de un país) en términos corrientes denotan como esta brecha se fue cerrando al pasar las décadas. Al principio de la década de los 70's esta relación era de 35%, a principios de los 80's 63%, a principio de los 90's 58%, a principios de los 2000 58%, y a principios del 2010 90%.

Actualmente (2014) ya la deuda pública como por ciento del PNB representa más del 100%. Esto quiere decir que el nivel de endeudamiento del gobierno de PR excede su capacidad económica.  La mejor manera de entender esto en términos simples es  haciendo la analogía con respecto a las finanzas familiares. Si un hogar tiene un monto de pago de deudas igual o mayor que su ingreso, este hogar está en la banca rota total. Todos sus ingresos están comprometidos con obligaciones. No tienen ni para comer, ni para los gastos básicos, a menos que decidan incumplir el pago de dichas deudas. O lo que en el argot económico se conoce como “acogerse a la ley de quiebras”. El problema del caso de PR es que el gobierno de un país no puede acogerse a la ley de quiebras, y peor aún, en la constitución de PR existe una cláusula que establece que en una situación de impago, se le da prioridad al pago de los bonistas primero en el momento de la liquidación. Precisamente este es uno de los aspectos que hacen tan atractivos los bonos de PR, por que ofrecen este tipo de seguridad.

El nivel de la deuda pública de PR hoy día es de unos 70 mil millones de dólares. Si tuviéramos que repartir esta deuda equitativamente entre todos los puertorriqueños que habitamos en la isla (unos aprox. 3.6 millones), la deuda per cápita sería de $19,444. Eso significa que un niño que acaba de nacer en PR, ya viene con una deuda de $19,444.  Porque aunque digamos que esa deuda no es nuestra sino del gobierno, la realidad es que el gobierno es una institución creada por el pueblo. El gobierno es nuestro empleado, un organismo en quien hemos depositado la confianza de administrar los bienes públicos. Este tiene la responsabilidad de proveer, como mínimo, los servicios básicos, asegurar un clima de seguridad y de orden,  y promover una sociedad prospera para todos sus ciudadanos. Debe ejercer sus oficios de la manera más prudente, efectiva y eficiente posible.

 Y aquí es que tenemos que llamar la atención al ciudadano común a que: ¡No tan rápido! No te puedes librar de esta tan fácilmente. No puedes, ante esta situación, simplemente mirar para un lado y enajenarte de este asunto, esto también te incumbe como ciudadano con derechos y deberes para con esta sociedad. Tú como ciudadano con tu voto cada cuatro años, y con tu activismo, eres partícipe de la toma de decisiones de ese gobierno. El pueblo es el que al fin y a la postre va a sufrir las consecuencias del resultado del gobierno que pone en el poder mediante el sufragio universal.

 El presupuesto consolidado de PR actualmente es de cerca de 30 mil millones de dólares, lo que significa que la deuda pública representa más del doble de los recursos para la operación del gobierno de PR. El que el tope de la deuda pública exceda el PNB se debe mayormente a que bajo las administraciones de Sila M. Calderón, Anibal Acevedo Vila y Luis Fortuño, se incurrió en la práctica de cubrir el déficit presupuestario del gobierno con emisiones de deuda. En el argot de las finanzas públicas esto se conoce como “deuda deficitaria”. Pero como dice el dicho, "las cosas no se dan en un vacío", y como dice otro refrán, "aquellas aguas trajeron estos lodos", es bueno retomar nuevamente el tema sobre la cronología de eventos históricos importantes que representaron señales de alarma a las autoridades gubernamentales, empresariales y académicas puertorriqueñas, sobre el desgaste y la entrada en recesión de la economía de PR. Lejos de eso, más bien se continuó con el aferro de darle vida artificial al modelo político-jurídico y económico del ELA, en momentos cuando quizás el debate debió ser que ya se había entrado en el tiempo de que PR tomase la determinación final y firme dejar de ser una colonia y enclave manufacturero de los EU, para convertirse, o en un estado federado de los EU o en un estado independiente de EU.

 

Más de la cronología histórica

En el año 1973 PR experimentó su primera recesión económica desde la fundación del ELA (1952). Tanto voceros dentro del gobierno de la época, como también  expertos  economistas y entendidos en la materia de los asuntos económicos, tuvieron que reconocer que la base productiva del modelo económico prevaleciente en los últimos años no había podido generar los niveles de actividad económica local para hacer de PR una economía autosostenible. Entiéndase, dependiente en menos grado de la inversión extranjera, y cada vez más dependiente  de capital  y gestión empresarial local tanto privada como gubernamental. En otras palabras, que hubiese un mejor equilibrio, o relación más sinérgica y simbiótica en el modelo económico, entre la participación del capital exterior y un protagonismo paulatino de la clase empresarial nativa. Arreglo conocido en el argot económico como "eslabonamientos inter-industriales". Lejos de eso, la solución fue por un lado, aumentar la dosis de más atractivas exenciones contributivas a empresas industriales de capital de proveniente de operaciones matrices en los EU, con la inclusión de PR en la Sección 936 del código de rentas internas federal, y por el otro, la introducción pésima, ineficiente, burda y demagógica del “estado benefactor”, o la también conocida como "extensión a PR de los programas de transferencias federales".

Con la extensión a PR de la mencionada Sección 936, que entró en vigor a partir del año 1975, comenzó en PR la etapa de industrialización de alta tecnología, con industrias principalmente en las áreas tales como: electrónica, farmacéutica, química, instrumentos científicos, entre otras empresas de tecnología. Y al igual que pasó en los años 50's, fueron mayormente empresas de origen estadounidense las más que participaron de estos programas de incentivos industriales provistos por este estatuto. Siempre se mantuvo como uno de los atractivos a estas empresas de capital estadounidense, además de las exenciones contributivas locales y federales, el aspecto de mano de obra más barata en comparación a los homólogos en los estados, además del rol del gobierno local en proveer la infraestructura económica e industrial para estas últimas. Aspecto que está íntimamente relacionado con los aumentos paulatinos en el tope de la deuda pública. La implantación de la Sección 936 tuvo al menos tres graves problemas en su implantación que impidieron que rindiera el fruto deseado de lograr el desarrollo económico verdadero y sostenible a largo plazo de PR:

  1. Hubo un abuso de las empresas estadounidenses basado en el esquema de que, una vez se agotaban los 10 años reglamentarios de exención contributiva federal, culminaban la operación en PR y luego se incorporaban bajo un nuevo nombre, como una nueva corporación, para gozar 10 años más de dicha exención contributiva con el gobierno federal.

  2. Se introdujo la “contabilidad creativa” de estas empresas desde sus matrices en EU, mediante esquemas de hacer pasar ciertas ganancias como realizadas en PR (a pesar de haber sido de productos terminados en otras jurisdicciones) para así poder gozar de la exención contributiva por estas ganancias.

  3. Hubo un mal uso de los llamados "fondos 936" por parte del sector bancario en PR, porque en vez de promover la inversión en el desarrollo económico de la clase empresarial local, la mayoría de esos fondos se emplearon mayormente para incentivar los préstamos de consumo (préstamos personales, líneas de crédito, hipotecas, etc.) y la especulación mediante inversión en los mercados financieros. Esta desacertada práctica de la banca local provocó que desvirtuara uno de los principios fundamentales de esta disposición: que parte de las ganancias de las empresas estadounidenses 936 se depositasen en bancos locales de PR para fortalecer y promover el desarrollo del sector financiero de PR, como espina dorsal del desarrollo económico de PR, y que sirviese de apoyo al desarrollo del capital y empresario local.

Todo lo mencionado anteriormente comenzó a pesar en las arcas del fisco federal, y a finales de la década de los 80's comenzó el debate en el congreso sobre la eliminación de esta Sección del código de rentas internas federal. Debate que se extendió hasta principios de la década de los 90’s, y que su desenlace fue la eliminación de dicha disposición del código de rentas internas federal para el año 1995. No obstante el congreso otorgó un proceso de transición de 10 años para la eliminación paulatina de las empresas operantes bajo este estatuto. Periodo que culminó en el 2005.

El otro aspecto mencionado que se introdujo al modelo económico de PR a partir del 1975 fue la extensión a PR de un gran número de programas federales. El gobierno federal, como paliativo a la crisis económica de PR, dio paso al aumento significativo y paulatino de transferencias federales a PR. Una de las consignas o "slogans" de gran difusión en el PR de la época era "Estamos hechos con los cupones",  en clara alusión al famoso programa cupones de alimentos, hoy día estructurado como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). Paradójicamente, los estudios económicos y sociológicos en PR muestran  que este es uno de los aspectos que más han contribuido a sumir a PR en la pobreza y en la desigualdad social, siendo hoy por hoy PR uno de los lugares de mayor desigualdad en el ingreso en el mundo. Este fenómeno se da básicamente por la razón de la manera en que el gobierno local ha estructurado estos programas de ayuda, donde claramente se desincentiva el trabajo y la productividad, y como consecuencia se ha ido ampliando la brecha entre personas con bajo grado de escolaridad y desempleadas, dependientes de los programas de ayuda social del gobierno, y aquellos que conforman la clase trabajadora y empresarial del país. Otro problema que tienen los programas sociales es que han sido malsanamente usados por los gobiernos para ofrecer prebendas a cambio de su apoyo electoral. Hoy por hoy PR es una de las economías que tiene una de las tasas de participación laboral más bajas en comparación a los países del mundo, de 40%. Se calcula que más de la mitad de la población vive por debajo los estándares de pobreza según las estadísticas del Censo de los EU.

Toda la explicación anterior es importante para entender lo distorsionado y disfuncional del modelo económico puertorriqueño promovido  por el arreglo político y jurídico del ELA. Todo esto aportó, por un lado a que PR fuese perdiendo paulatinamente competitividad económica internacional (si alguna vez la tuvo), y por el otro el incremento en el endeudamiento gubernamental a niveles monumentales, destinados principalmente para sostener niveles de vida del pueblo que no iban acorde con el nivel de producción de la isla. Cabe destacar que fue en el periodo entre 1993-2000, que se logró hacer una pausa momentánea a la tendencia de desgaste del modelo económico puertorriqueño bajo la gobernación de Pedro Rosselló. Esta administración logró diversificar y ampliar la participación y aportación a la economía de sectores económicos rezagados tales como el turismo y la agricultura, además del fortalecimiento del sector de servicios y comercio, entre otras iniciativas de impulso a la actividad económica. Pero fue  a partir del año 2001 que la economía del país comienza a sentar las bases de la desaceleración económica más profunda del PR moderno. Una arena movediza donde nos encontramos estancados hoy día como país.  Que por más que tratamos de salir de ella, el resultado cada vez ha sido,  y es, el efecto contrario; nos hemos ido sumiendo más y más en ella, y al parecer el panorama de esperanza para salir de ella no se ve.  

Una de las razones preponderantes para la caída en la depresión en la que ha estado sumida la economía de PR, principalmente a partir el año 2006, ha sido debido a la manera en que el gobierno de PR ha manejado el asunto de la conclusión en PR de la Sección 936. Mientras que la filosofía del gobierno de PR de finales de los 90’s fue de diversificar la economía, de manera que la economía de PR fuese menos dependiente de la manufactura como principal sector económico, la filosofía del gobierno entrante en el año 2001 de Sila M. Calderón, una asidua de la economía basada en incentivos industriales y exenciones contributivas locales y federales, no quiso continuar las políticas económicas de su predecesor, sino más bien, se empeñó en estructurar su modelo económico en volver al viejo modelo de incentivos industriales y enclave manufacturero. Entre 1995 y 2001 ya la manufactura había comenzado a perder sustanciales puestos de trabajo y actividad económica. El problema de la demagogia del gobierno de Sila M. Calderón la llevó a no continuar el modelo económico diversificado (menos dependiente de la manufactura como sector dominante de la economía de PR por décadas) que había propulsado el gobierno de su predecesor Pedro Rosselló.

La administración de la exgobernadora Calderón  se empeñó en la pretensión de que en el congreso se legislaran más exenciones contributivas para la manufactura (Sección 956) en vez de fortalecer otras vertientes económicas y nichos. Esfuerzo que resultó fútil por que su propuesta no llegó “ni a primera base” en el congreso de los EU. Bajo esta administración se comienza a realizar nuevas y sustanciales emisiones de bono, añadiéndole más tope al monto de la deuda pública. Aumentó la nómina pública y a su salida del gobierno dejó un déficit en el presupuesto general de sobre 500 millones de dólares. Con todo y eso, no es posible nombrar o identificar obras de infraestructura o de inyección económica sustanciales, que sean cónsonas con el nivel de endeudamiento al que llegó su administración al finalizar su término. El tope de la deuda pública a finales del año 2004 cerró en unos 34 mil millones de dólares, y la razón entre la deuda pública y el PNB corriente de 65%.

En el año 2005 llegó al mando de la administración de PR el Ex gobernador Anibal Acevedo Vilá. Una de las administraciones más accidentadas de la historia del gobierno de PR. Todos recordamos con vergüenza ajena, las intrigas del poder del gobierno compartido, el cierre del gobierno por dos semanas, las acusaciones federales y enjuiciamiento en ese tribunal al gobernador Acevedo Vila, entre otras salvajadas. No obstante el aspecto, a mi juicio, que acabó de darle el “jaque mate” a la economía local fue la pésima implantación del impuesto al consumo o “IVU” por parte de este gobierno en el año 2006. Impuesto diseñado principalmente para permitir ir al mercado de bonos, y como consecuencia seguir aumentando el tope de la deuda pública. Lo peor del periodo de tiempo entre 2005-2008 fue como los puestos innecesarios en el gobierno continuaron incrementando. Paradójicamente, mientras la manufactura iba perdiendo empleos paulatinamente, el sector gubernamental cada vez iba ganando más empleos. En el año 2000 el número de empleados del gobierno era de alrededor de 247 mil empleados. Al cabo de 8 años esa cantidad ascendió a poco más de 300 mil. Empleo totalmente innecesario en el gobierno, y que en parte contribuyó a los déficits presupuestarios subsanados con emisión de deuda. A su salida del gobierno a finales del 2008, Anibal Acevedo Vilá había incrementado el tope de la deuda a 47 mil millones, y a una razón entre la deuda pública y el PNB corriente de 74%. Además de dejar un déficit del fondo general de 3,300 millones.

Cuando Luis Fortuño llega al poder en el 2009, se topa con la situación de insolvencia en las arcas del gobierno y un nivel de endeudamiento insostenible. Como consecuencia (debido principalmente por las presiones de las casas acreditadoras) implementa la Ley 7 de emergencia fiscal; que proveía, entre otras cosas, recortes significativos de gasto gubernamental, el  despido incentivado de empleados públicos, introducción de ciertos nuevos impuestos, entre otras medidas con el objetivo por un lado de bajar los gastos del gobierno y el gigantismo gubernamental, y por el otro allegar suficientes fondos para paliar la situación de insolvencia gubernamental, en el contexto de una economía que cada año se venía debilitando. La ley 7 al igual que otras medidas tomadas por esta administración también proveyeron para la emisión de nueva deuda que sirvió para reestructurar el servicio de la deuda, ayudar a la liquidez del gobierno y para, entre otras cosas, disponer de unos 500 millones para inversión en la economía puertorriqueña que sirviese, junto a la extensión a PR de los fondos ARRA, de estímulo a la economía local. Estas políticas de Luis Fortuño fueron impopulares en la ciudadanía, ya que entre otras cosas se introdujeron nuevos impuestos como los de la sobre tasa del CRIM y otros. Todo para tratar de reducir el déficit presupuestario. Aunque a la salida de Fortuño del poder, el déficit del fondo general se había logrado reducir a 330 millones, no obstante el tope de la deuda se elevó a 64 mil millones, lo que representó un 93% del PNB corriente.


¿Qué implicaciones a corto, mediano y largo plazo tendrá en los puertorriqueños, el que el crédito del gobierno de PR haya sido declarado como “chatarra”?

Es triste tener que aceptar que PR vivió en una burbuja financiera en los últimos 30 a 40 años que ahora nos está explotando. Es inconcebible haber sido testigos, en estos últimos 9 años, de la picada en el desgaste del modelo económico puertorriqueño. Por décadas se vivió en PR un mundo de fantasía, basado en un modelo económico, que si  bien dio alguna bonanza económica a corto o mediano plazo en una época pasada, el mismo no produjo una economía puertorriqueña robusta, de bases firmes y auto sostenible a largo plazo. El tope de dicha deuda pública es el reflejo de que el modelo económico de PR bajo el ELA fue un pésimo negocio para PR en principio; primero porque socavó la base fiscal de su gobierno, y segundo, porque sumió a PR en la desigualdad social, la pobreza y la dependencia. Lamentablemente es esa  misma dependencia psicológica la que exhiben muchos puertorriqueños con respecto al ELA. ¡Pues malas noticias, la burbuja explotó! Vamos a ver ahora de que los puertorriqueños se van a sostener ahora que el modelo político-jurídico-económico del ELA  llegó a lo más que podía dar. 

Dicho eso entonces, ¿qué se puede esperar como consecuencias de la degradación?  Para mi, todo va a depender  de la habilidad y capacidad del actual gobierno de llevar a cabo las acciones correctas para:

  1. crear las condiciones con el sector privado de reactivar a corto plazo la economía de PR,

  2. y atado a lo anterior, buscar un balance en la reestructuración eficiente de las prioridades de las finanzas públicas sin que implique ser un estorbo a la reactivación económica.

Con esto último quiero decir, que la única vía razonable que tiene el gobierno para incentivar la actividad económica, y a su vez lograr los recaudos necesarios para poder atender las obligaciones financieras y mantener la operación gubernamental básica estable es, incurrir en recortes presupuestarios drásticos, lo que a su vez implica alivios contributivos tanto a la clase trabajadora como al sector empresarial local, y que de esta forma fluya en la economía suficiente dinero y actividad económica que contribuya a su reactivación. En otras palabras, esta administración de turno va a tener que hacer lo que criticó en a la administración anterior de Luis Fortuño, si es que de verdad tienen la intención de sacar a PR del estancamiento económico, por lo menos a corto y mediano plazo. De este gobierno no tener o contar con la capacidad de lidiar efectivamente para paliar la situación:

  1. Perderá liquidez para atender los servicios básicos de la ciudadanía,

  2. posiblemente, o habrán despidos de empleados públicos o bajaran jornadas laborales en forma drástica.

  3. Al perder la liquidez para atender servicios básicos de la ciudadanía, mucho menos el gobierno dispondría de recursos para inyectar a la inversión y ayudar a la reactivación de la economía puertorriqueña.

  4. El problema se agrava cuando tenemos un sector privado en una situación tan débil o peor que la del gobierno, cuyos efectos de la degradación también repercute en ellos, principalmente en el sector financiero y la banca.

  5. Si el gobierno no tiene capacidad financiera para impulsar la inversión y el sector privado también se sufre descapitalización a causa de la pérdida del valor de sus activos, no hay finanzas locales suficientes para la activación económica. Un sector financiero fuerte es la espina dorsal de la producción.

  6. El efecto dominó que tendría como repercusión sobre todos los demás sectores económicos y sociales, todo lo anterior mencionado, daría para hacer una tesis doctoral.

El problema es peor cuando dependemos del mismo gobierno que nos metió en el atolladero de la degradación para que nos saque.  Por que es precisamente bajo la actual administración del Gobernador Alejandro García Padilla, que ante las amenazas de degradación del crédito de PR por parte de las casas acreditadoras, no ha sido efectiva en manejar este asunto. Las políticas económicas de esta administración no han sido las más acertadas, y mucho menos las suficientes, para aplacar la determinación de dichas casas en degradar a nivel especulativo ("chatarra") la clasificación de su deuda pública. Personalmente no veo luz al final del tunel en cuanto a la solución de este problema a corto o mediano plazo, mientras sea la administración actual la que esté al frente de este gobierno. No me hace ningún sentido esperar a que sean quienes no supieron manejar la situación de evitar caer en la degradación (situación que no era muy dificir de manejar, en comparación al reto que representa ahora salir de ella) en los que cifremos las esperanzas de que logren desarrollar las medidas en la dirección correcta para superarla. Como dice el viejo refrán: "No se puede pedir peras al olmo".


Provisiones ciudadanas

Me parece muy triste la manera en la que el gobierno de turno antes, durante y después de la degradación, ha estado tomando y manejando esta situación desde el punto de vista de la opinión pública. En primer lugar, no está siendo sincero y transparente con el pueblo sobre las serias consecuencias de esta situación. No le está pintando el cuadro tal cual es, y lo que es peor, se le está dando una falsa sensación y expectativas al pueblo de que todo va bien, o todo se va a resolver como por arte de magia, cuando realmente las cosas no están bien. Ningún indicador macroeconómico apunta en la dirección de que la cosa va bien. Entonces la ciudadanía en vez de hacer provisión para la crisis, está totalmente enajenada. Pienso que esto es un acto irresponsable y reprochable de la administración de turno, por no decir de alta traición.

Mi recomendación a la ciudanía en general es tomar las debidas provisiones en sus finanzas familiares. Hay que fomentar más el ahorro y la mesura. Es tiempo de eliminar el gasto superfluo y redirigir esos recursos al ahorro. Es tiempo de promover un ambiente de productividad en el trabajo y la comunidad. Salir de la comodidad y estar dispuestos a realizar trabajo voluntario en la comunidad para ayudar al gobierno en su tarea. Es importante mantenerse informado sobre lo que está pasando y aprovechar la oportunidad para volver a retomar estudios, culminar una carrera y perseguir una meta profesional. Si eres una persona que no tienes ningún impedimento físico o mental, que tienes buena salud, estas en edad productiva y vives de las ayudas de gobierno, debes considerar entrar a la fuerza laboral del país. Visita las oficinas del departamento de trabajo o de los consorcios para que indagues sobre las oportunidades de trabajo disponibles. Si eres una persona con alguna habilidad, o talento vocacional o que te gustan los negocios, considera crear tu propio negocio. La actitud hace la diferencia. Y la tarea de sacar a PR adelante está en nosotros.

No obstante a lo anterior. Te invito además a considerar la posibilidad de que ya es tiempo de que PR sufra un cambio político y jurídico que le de las herramientas económicas bajo las mismas condiciones. PR necesita un cambio estructural radical para volverse competitivo en la economía global. Y eso se puede lograr convirtiéndose en Estado 51 de los EU, u optando por la independencia soberana. De estas dos opciones la más lógica para nuestro pueblo y que mejor puede servir a su propósito es optar por la estadidad. Pero sea cual sea la decisión del pueblo puertorriqueño en su día, lo importante es que le demos fin al asunto inconcluso del estatus político de PR. Nuestras generaciones futuras se lo merecen. 

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